BOGOTA (AP) — La Fiscalía dijo el martes estar en una especie de encrucijada para judicializar a un adolescente indígena que embarazó a una niña de 10 años de la etnia Wayúu en la costa Caribe de Colombia.
Distintas autoridades, voceros indígenas y especialistas constitucionales consultados telefónicamente el martes por la AP explicaron que prevale el derecho de los indígenas a juzgar el caso según sus propias normas porque así lo contempla la Constitución colombiana de 1991.
De esa forma el joven Wayúu de 15 años, que embarazó a la niña no es buscado ni acusado por la policía.
Por las leyes colombianas la identidad de los menores de edad, víctimas o victimarios, no puede ser revelada.
María Gladys Pabón, jefa de los fiscales de la ciudad de Riohacha, departamento de La Guajira y a 790 kilómetros al norte de Bogotá, donde reside gran parte de la etnia Wayúu, explicó que si bien la Fiscalía asumió la investigación por el caso de la menor, que se encuentra en buen estado de salud al igual que su recién nacida, la competencia para un eventual castigo al muchacho la tienen las propias autoridades Wayúu.
El caso del embarazo de la niña se produjo en un caserío del municipio Manaure, en La Guajira, a unos 790 kilómetros al norte de la capital colombiana, según la Policía y la Fiscalía.
La menor indígena, según médicos que la atendieron, dio a luz por cesárea a una niña el 29 de marzo pasado en la clínica privada "Renacer", en Riohacha, donde la llevaron sus padres, que no han comentado públicamente el caso.
Líderes de la comunidad Wayúu, como Rosa Iguarán, dijeron que los padres de la menor no desean ser contactados porque les da vergüenza.
"Es algo que nos afecta...que nos da pena (avergüenza) como Wayúu...y ¿por qué nos da pena (avergüenza)?, sencillamente porque este tipo de situaciones no se deben presentar", aseguró Iguarán.
"Nos da pena que se presenten estas situaciones porque es una niña que de pronto su niñez fue interrumpida y son situaciones...(nos sentimos) apenados porque nosotros descuidamos lo que deberíamos estar pendientes realmente de la formación (de los menores), de estar cuidando a los niños", aseguró.
Explicó que por las costumbres de su etnia, que habita en la zona de frontera colombo-venezolana --que suma del lado colombiano unas 350.000 personas o 23% de la población indígena del país, según dijo Iguarán--, no consideran que hubo una violación, sino que fue sexo consentido entre las partes.
Serán los padres de ambos menores los que decidan qué hacer y que en general no se les obliga a contraer matrimonio, sino que los parientes del padre se comprometen a ayudar económicamente a la madre y a la niña recién nacida, entregando una dote en especie: animales, como vacas y chivos, principalmente.
La cantidad es pactada entre las familias, dijo Iguarán.
"Se paga por especies, en collares, vacas, chivos, lo que (o la cantidad que) la familia acuerde...estos animales son los que a futuro van a garantizar, digamos, el futuro de los muchachos" porque garantizan comida, indicó la vocera.
Las leyes colombianas establecen que cualquier relación sexual con un menor de 14 años, consentida o no, es un delito y se castiga con pena de prisión de mínimo nueve años de prisión.
El coronel Oscar Antonio Moreno, subcomandante de la policía de La Guajira, aseguró fue un adolescente Wayúu quien embarazó a la menor, pero que no tenían su nombre y que como el caso era de la jurisdicción especial de los propios indígenas no tenían un caso en contra de ese muchacho.
Los Wayúu "tienen su jurisdicción especial...Pero sin desconocer esa jurisdicción, nosotros no podemos desconocer el hecho" criminal del sexo con una menor de edad, dijo la fiscal Pabón, que busca actualmente la cooperación de la comunidad indígena para poder hacer su investigación y armar un caso judicial.
Según la fiscal, "colaboración de parte de la familia (de la niña) no se ha tenido" para adelantar la investigación sobre cómo ocurrieron los hechos en que la menor quedó embarazada.
Para una eventual detención del padre de la criatura, precisó la funcionaria judicial, "ahí es donde nos toca hablar con las autoridades y mediadores que tienen ellos (los Wayúu) para empezar a mirar cómo se trabaja esa parte, si ellos lo ponen a disposición (de la Fiscalía) o qué van a hacer ellos con esa persona".
Expertos constitucionalistas como los ex magistrados de la Corte Constitucional Carlos Gaviria y Rodrigo Escobar dijeron que los casos de este tipo con jurisdicción indígena son siempre muy complicados y sin fácil respuesta.
Lo único que sí es claro, según Escobar, es que "lo que no pueden los indígenas es someter a un procesado a tratos degradantes o la pena de muerte, porque eso va en contravía de la Constitución" que prohibe la pena capital.
Y aunque en el ordenamiento externo o fuera de la jurisdicción indígena tener sexo "con una menor de 10 años es un delito, si por las costumbres (de los Wayúu) no se considera punible, en mi opinión prevale el derecho indígena" o son los Wayúu los que deben decidir la suerte del muchacho, dijo el ex magistrado Gaviria.
La criatura pesó 2.550, con una talla de 47 centímetros y "nació perfectamente", explicó el médico Fabio González, quien atendió el parto de la pequeña hace 12 días.
La joven madre "casi no entendía lo que estaba sucediendo" en el momento de dar a luz, agregó el galeno.
"Hubo que operarla porque la pelvis todavía está en crecimiento, muy pequeña para que el feto pueda pasar por el canal vaginal", añadió el facultativo.
La cesárea, dijo González, también fue practicada por la baja estatura de la menor indígena: 142 centímetros. Ella no quiso revelar el nombre del padre de la recién nacida, precisó el médico.
Cuando le entregaron a la madre a su recién nacida, comentó el doctor González, "fue igual como si a una niña de esa edad le entregaran una muñeca. No sabe nada, no entiende nada y es normal porque ella todavía no tiene la experiencia para saber lo que está sucediendo".
El médico dijo que el año pasado atendió en La Guajira un caso similar al de la niña de Manaure, es decir una niña de 10 años embarazada.
Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Indígena de Colombia (ONIC) que agrupa las representaciones de las 102 distintas etnias del país y que suman en total aproximadamente 1,3 millones de personas, comentó que aunque no conocía en detalle el caso de la niña Wayúu, en muchas comunidades indígenas del país son normales las relaciones sexuales a partir de la primera menstruación de la mujer.
